TUTELA Y CURATELA DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

FUNDAMENTOS

Hasta hace muy pocos años, la incapacitación y la tutela de las personas con discapacidad, en general, y con enfermedad mental, en particular, se concebía como la privación de la voluntad de esas personas, como la cancelación de sus deseos o intereses, y, en consecuencia, su voluntad quedaba totalmente anulada por la voluntad de la persona que era designada como tutor.

Desde la ratificación por España de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 2005, el fundamento (y hasta el nombre) de la incapacitación ha cambiado radicalmente: ahora se concibe a la persona con discapacidad como sujeto de derechos, como persona con sus intereses y deseos que deben ser respetados, en la medida de lo posible, al máximo. Ahora se trata de completar la capacidad de las personas para que éstas puedan llevar a cabo todos los actos que sean acordes con su plan de vida, de intentar, por este medio, respetar su derecho a que lleven una vida plena, ayudándoles a realizar todos aquellos actos que, a causa de su enfermedad, la ley no les permite llevar a cabo por sí solos. Es decir, ahora se trata de que el enfermo pueda llevar a cabo la mayor cantidad de actos y que la intervención del tutor se lo más residual posible.

¿CUÁNDO ES NECESARIO COMPLETAR LA VOLUNTAD DE UNA PERSONA?

El art. 200 del Código Civil establece que Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Esto quiere decir que se deben acumulativamente producir una circunstancias para que se puede decretar la incapacitación (la modificación de la voluntad) de una persona:

A. Enfermedad o deficiencia persistente: una enfermedad de carácter temporal no puede dar lugar a la incapacitación de una persona, debe tratarse de un padecimiento para el que se prevea un larga duración temporal o su irreversibilidad.

B. Enfermedad o deficiencia que afecten a la voluntad y al discernimiento de la persona: no vale cualquier enfermedad o deficiencia (perder un brazo o la audición), sino que éstas deben afectar a la capacidad de tomar decisiones de la persona (discernimiento) y a su capacidad para llevarlas a cabo (voluntad).

C. Enfermedad o deficiencia que afecten a la voluntad y al discernimiento de la persona que impidan o dificulten el autogobierno: es decir, que sea incapaz de tomar las decisiones adecuadas para su vida y estado.

Con todas estas garantías, se pretende que no se pueda incapacitar a cualquier persona que tenga conductas extravagantes o fuera de la norma social, si no que realmente se proceda para modificar y completar la capacidad de aquellas personas que sí lo necesiten.

PROCEDIMIENTO

A. ¿QUIÉN LA PUEDE SOLICITAR?
La puede solicitar la propia persona interesada, el cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes o hermanos.
El Fiscal actuará de oficio en el momento en que tuviera conocimiento de la existencia de una persona en esta situación, bien por iniciativa propia o denuncia de las personas anteriores.
Los funcionarios públicos tienen la obligación de ponerlo en conocimiento del Fiscal cuando tengan conocimiento de la situación por razón de su cargo.

B. PROCEDIMIENTO
El procedimiento comienza mediante la demanda de cualquiera de los interesados ante el Juzgado competente. Éste es el de la localidad en la que el presunto incapaz tenga su domicilio, lo que crea el problema de lo que podríamos llamar “peregrinaje judicial”, cuando el presunto incapaz cambia de domicilio (porque, por ejemplo, se encuentra ingresado voluntaria o involuntariamente en un centro y es trasladado a otro fuera del partido judicial) y el procedimiento judicial debe ir “emigrando” de un juzgado a otro “en busca” de la persona sobre la que se debe dictar sentencia.

La demanda se debe notificar al presunto incapaz para que puede defenderse en el procedimiento. Si no lo hace, le defenderá el Ministerio Fiscal o se le nombrará un defensor judicial.

En estos procedimientos es capital la prueba pericial: es necesario acompañar a la demanda todos los documentos que acrediten que la persona para la que se solicita la medida padece enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Además se hace imprescindible el informe del Médico Forense y que el juez examine por sí mismo a la persona (es decir, mantenga una entrevista personal con él).

El Juez también llamará a los parientes más próximos sobre las causas de la incapacitación y sobre la persona más adecuada para asumir el cargo tutelar.

Al final, el Juez dictará sentencia estableciendo cuál será el grado de modificación de la capacidad y qué persona asumirá el cargo tutelar.

Este cargo puede ser asumido por cualquiera de los familiares, por una entidad sin ánimo de lucro que tenga entre sus fines la asunción de estos cargos o la Generalitat Valenciana a través del Servicio de Tutelas, dependiente, en la Comunitat Valenciana, de la Consellería de Igualdad.

C. LA SENTENCIA: ESTABLECIMEINTO DEL GRADO DE MODIFICIACIÓN DE LA CAPACIDAD
Como decía al principio, tras la recepción de los principios de la Convención de Nueva York, la idea de la incapacitación se ha convertido en la idea de modificar y completar la capacidad de las personas. Por eso, lo que antes era la figura habitual (la tutoría) va quedando como institución residual frente a la curatela, que permite adaptar la protección a las verdaderas necesidades de la persona.

Así, la figura más grave es la de la TUTELA, en la que al incapaz se le priva de cualquier capacidad de gobernarse a sí mismo y a su patrimonio. La voluntad del enfermo viene a ser sustituida por la del tutor. Como ejemplo se puede pensar en la patria potestad: el incapacitado pasa a ser a los ojos de la sociedad, como un menor de edad, no pudiendo realizar por sí mismo ningún acto, ya que siempre debe ser suscrito por el tutor.

La curatela, sin embargo, es una figura más flexible, en la que el juez puede determinar exactamente qué actos van a quedar afectados por la modificación de la capacidad del enfermo. Así, puede determinar que no podrá administrar sus bienes, pero podrá recibir del curador recibir semanalmente una cantidad de dinero para sus gastos corrientes (tabaco, refrescos, comida, …); o puede, además, establecer la supervisión de la ingesta de la medicación, o cualquier otra circunstancia en la que haya que completar la capacidad del enfermo mediante la intervención del curador.

Una tercera figura es la del defensor judicial. Éste únicamente podrá intervenir para aquello para lo que haya sido nombrado (representar y defender al enfermo en el juicio de incapacitación, representarle cuando haya conflicto entre el enfermo y el tutor…).

Cuando la persona que asume el cargo tutelar es uno de los padres, la figura que se utiliza es la de la prórroga de la patria potestad, con lo que el enfermo deja de tener capacidad para realizar actos por sí mismo y vuelve a ser como un menor de edad.

Un tema muy interesante y debatido es el del derecho al voto de las personas cuya capacidad ha sido modificada. El derecho a voto es un derecho fundamental y un ciudadano solamente puede ser privado de él mediante sentencia firme (por ejemplo, una condena penal puede llevar aparejada la privación del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena). Por tanto, si la sentencia de incapacitación no dice expresamente nada al respecto, el ciudadano enfermo conserva plenamente su derecho al voto.

Lo dispuesto en la sentencia puede ser revisado posteriormente aumentando o disminuyendo el grado de modificación de la capacidad del enfermo según éste evolucione en el tiempo.

OBLIGACIONES DEL TUTOR

El tutor deberá tomar posesión de su cargo ante el Juez, que le explicará cuáles van a ser sus obligaciones desde ese momento. La máxima que debe regir su actuación es la de cumplir sus obligaciones como un buen padre de familia. Esto se concreta en que debe velar y proteger la persona y los intereses de su pupilo, debe presentar anualmente ante el juez un informe sobre los gastos e ingresos de su pupilo y solicitar autorización al juez para llevar a cabo disposiciones patrimoniales de envergadura (como la venta de una propiedad). Además puede incurrir en culpa in vigilando cuando su pupilo haya cometido un delito y se pruebe que el tutor no puso todos los medios de un buen padre de familia para impedirlo.

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