30 años de cordura

Se acaban de cumplir 30 años de la ley que acabó con los manicomios e integró la atención psquiátrica en los hospitales generales. El psiquiatra asturiano José García González fue uno de los seis expertos a los que el ministro Ernest Lluch encomendó un informe que abrió las puertas de la sanidad a las personas con enfermedad mental.

El artículo 20 de la Ley General de la Sanidad estableció «la plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparación del enfermo mental a las demás personas que requieran servicios sanitarios», recuerda.

Fue el punto de partida de una reforma psiquiátrica que ya se había iniciado en algunas comunidades como Asturias, Andalucía, Madrid y particularmente en Galicia, en el hospital de Conxo. Hasta entonces el peso de la atención psiquiátrica recaía sobre diputaciones y órdenes religiosas. La ley supuso un «giro radical» en los derechos y en la dignidad de los pacientes con enfermedad mental, aunque su desarrollo ha sido desigual y está aún muy lejos de considerarse óptimo.

José García González participa en el consejo consultivo de la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos Mentales (Feafes). «Ha supuesto una inflexión histórica, pero hay un déficit importante en su desarrollo y aplicación», apostilla García.

Con posterioridad a la ley, un decreto reguló la cartera de servicios y estipuló el derecho a las psicoterapias y a la rehabilitación psicosocial, más allá de los tratamientos farmacológicos que, hoy por hoy, siguen siendo casi la única herramienta terapéutica para las personas con enfermedad mental.

«Se hacen muy pocas psicoterapias y el peso de la atención recae en la prescripción psicofarmacológica que es a todas luces insuficiente», apostilla el psiquiatra.

Tampoco se ha erradicado el estigma social que pesa sobre la enfermedad mental. Ese fue uno de los motivos de desplazar la atención psiquiátrica de los manicomios a los hospitales generales. «Ha habido avances pero el estigma aún persiste», recalca

No se asegura tampoco «una continuidad en los tratamientos en los casos a personas con trastorno mental grave. Los servicios no están a la altura de lo que establece la ley», añade. «Es necesario mejorar la atención en situaciones de crisis, garantizar que se produzca una adecuada coordinación socio-sanitaria para mejorar las intervenciones en salud mental y además facilitar y promover la participación de las personas con problemas de salud mental y sus familiares en su propio proceso de recuperación», comenta el presidente de la Confederación Nel A. González Zapico.

La Confederación exige a la administración pública un mayor compromiso para el desarrollo de políticas enfocadas a un mejor y mayor impulso de recursos que aseguren una atención en salud mental de calidad.

Apelan a la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud como eje vertebrador en la toma de decisiones y siempre en absoluto cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. “hay que situar a la persona afetada en el centro de cualquier intervención y fomentar su participación en las decisiones».

http://www.diariodeleon.es/noticias/saludybienestar/30-anos-cordura_1065017.html

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