Contención física: al límite de la dignidad

La aplicación de la “contención física” o “mecánica”  supone el fracaso de las demás acciones terapéuticas tradicionales,  la marginación de otras acciones que ofrece las nuevas vías en el trato con personas con enfermedad grave y el caminar sobre la delicada línea que separa el respeto a la dignidad y a los derechos de los pacientes del trato inhumano o degradante. Por eso, creo que será interesante examinar cuál es el estado actual de la cuestión en relación con los criterios de la OMS respecto a la Convención de Nueva York.

La contención mecánica o física es una medida terapéutica excepcional dirigida a la inmovilización parcial o generalizada de la mayor parte del cuerpo en un paciente que lo precise, para tratar de garantizar la seguridad de él mismo o de los demás. Las Unidades de Salud Mental, las plantas de Psiquiatría de los Hospitales, los CEEM, etc. desarrollan sus propios protocolos en la materia, estableciendo a qué pacientes van dirigidas estas medidas, en qué situaciones se deben aplicar, qué elementos se deben aplicar, en qué orden, durante cuánto tiempo y en orden se deben ir retirando los medios utilizados.

El primer elemento conflictivo en la contención es el concepto de MEDIDA TERAPÉUTICA, por tanto, debe tener como objetivo máximo la curación del paciente. Puede incluir la provisión de fármacos y la indicación de diversas acciones (reposo, un cierto tipo de alimentación, ejercicios físicos) para lograr que la enfermedad se revierta en su totalidad. Cuesta trabajo hacerse a la idea que la aplicación de la fuerza física por parte de una o varias figuras de poder sobre el paciente y la utilización de correas y demás aparatos para retenerle inmovilizado pueda ser terapéutico; sin embargo, está reconocido  como medida terapéutica sin plantearse demasiadas cuestiones sobre su eficacia para lograr que la curación del paciente.

El otro elemento polémico gira en torno a quién debe aplicar la contención. Al ser medida terapéutica, los profesionales que deben aplicarla son los profesionales sanitarios (médic@s, que son quienes deben ordenar la contención,  enfermer@s, auxiliares y celadores), siendo el personal de seguridad un último recurso de carácter excepcional en los casos más graves. Sin embargo, son muchas las voces que afirman que este personal que aplica las medidas y, en algunos casos, sin la prescripción del facultativo.

La OMS ha establecido una serie de estándares para valorar la adecuación de los establecimientos de salud mental a los derechos humanos reconocidos por la ONU en la Declaración Universal y en la Convención de Nueva York. Respecto al tema que estamos tratando, el estándar que se valora es la utilización de métodos alternativos al aislamiento y a la contención para atenuar el escalamiento de crisis potenciales. Así valora que los usuarios no sean sometidos a estos métodos, que se hayan implementado alternativas a ellos y que el personal esté capacitado en técnicas de atenuar el escalamiento para intervenir en situaciones de crisis y prevenir daños a los usuarios o al personal; que se realice una evaluación de atenuación del escalamiento consultando al usuario, con el objetivo de identificar los desencadenantes y  los factores que él o ella consideren que logran aminorar sus situaciones de crisis y para determinar sus métodos preferidos de intervención en crisis; la existencia en el servicio de esos métodos preferidos y su integración en el plan individual de recuperación del usuario; y el registro de cualquier caso de aislamiento o de contención (por ejemplo, tipo, duración…) y la información al director del establecimiento, así como a un organismo externo pertinente (que debe ser el Juez, último garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y única instancia que los puede limitar, estableciendo, al tiempo, las estrictas condiciones en las que se debe realizar dicha limitación).

En definitiva, como medida de restricción de derechos de los pacientes, debe ser aplicada en casos extraordinarios y en los que no quepa otra alternativa (debiéndose haber probado antes todas las medidas para evitar el escalamiento en la crisis), debe ser ordenada por personal facultativo, ejecutada por personal sanitario y debe ser informado el Juez como garante último de los derechos del paciente.

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