EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA

Siempre ha existido un debate sobre si el paciente tiene o no derecho a conocer el contenido de su historia clínica, y, si lo tiene, sobre si lo tiene sobre la totalidad de la misma o si hay alguna parte que no debe estar autorizado a conocer. Sin embargo, desde el año 1986, la legislación española regula el contenido de la historia clínica y el derecho de acceso del paciente a la misma.

Qué es la historia clínica

Encontramos la definición legal de la historia clínica en el artículo 3 ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente, cuando dice que  la historia clínica es el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial, estableciendo, además,  en el artículo 14 que la historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro.

Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información. Las Administraciones sanitarias establecerán los mecanismos que garanticen la autenticidad del contenido de la historia clínica y de los cambios operados en ella, así como la posibilidad de su reproducción futura.

La regulación legal

El art. 22.2 de la Convención de Nueva York, de derechos de las personas con discapacidad, estable que “Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”.

En nuestra legislación interna, la Constitución proclama como fundamental el derecho a la intimidad personal en su artículo 18.1  y en su artículo 43.1 reconoce el derecho a la protección de la salud. Este derecho a la intimidad viene reforzado por la la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, a la vez que introduce el derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias. La  ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente profundiza sobre estos conceptos, al reconocer el derecho de toda persona a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley, y obliga a los centros sanitarios a proteger todos esos datos y a facilitarlos cuando el paciente lo solicite.

Por tanto, se crea un doble derecho para el paciente, el de la confidencialidad de sus  datos clínicos y el de acceso a esos datos, y una doble obligación para los centros médicos, la protección de esa confidencialidad y la de facilitarlos a petición del interesado.

Quién puede acceder al contenido de la historia clínica

Es claro que el paciente tiene derecho a acceder y a obtener copia de su historia clínica, Sin embargo, este derecho no es absoluto, ya que la Ley reguladora de la autonomía del paciente establece que este acceso no puede ejercerse en perjuicio del derecho de terceros a la confidencialidad de los datos de los mismos que figuren en ella, ni del derecho de los profesionales que han intervenido en su elaboración, que podrán invocar la reserva de sus observaciones, apreciaciones o anotaciones subjetivas. Cuando el paciente haya fallecido, sus familiares también tendrán acceso a la historia clínica en las mismas condiciones que el paciente, salvo que éste lo hubiese prohibido expresamente.

La Ley permite el acceso a la documentación clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación y de docencia. Finalmente, también contempla la posibilidad de acceso por el personal sanitario que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y evaluación. El acceso con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal separados de los clínico-sanitarios para asegurar el anonimato, salvo consentimiento del paciente para no separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigación judicial en los que se considere imprescindible la unificación, en los cuales se estará a lo que dispongan jueces y tribunales en el proceso correspondiente  (Sergio Gallego Riestra. 2008).

Para finalizar os dejo un enlace en el que se soluciona un caso interesante: ¿se puede acceder a la historia clínica de otra persona (en este caso la víctima de un delito) para poder defenderse de una acusación? La Audiencia Provincial de Navarra estima que hay que realizar un ejercicio de ponderación de dos derechos enfrentados: el derecho a la defensa, que tiene el acusado, y el derecho a la intimidad de la víctima.  “Antonio del Moral, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, aclara que no hay «soluciones rígidas» para resolver estas peticiones. «Hay que valorar la necesidad, si es absolutamente necesaria la historia clínica, pues estaría justificado. Es un tema que exige ponderar». Y, añade, «hay que tener más razones parar pedir la historia clínica, que para pedir una historia laboral, por ejemplo, y también hay que tener más razones para concederla, porque el material es más sensible».

http://www.diariomedico.com/2017/02/07/area-profesional/normativa/el-derecho-a-la-defensa-permite-acceder-a-la-historia-clinica

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