EL DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Diferentes organizaciones internacionales han definido la incapacidad, discapacidad o minusvalía de diferentes maneras. Por ejemplo:

  • La ONU habla de “limitación de la capacidad de un sujeto para realizar actividades que son generalmente aceptadas como componentes básicos de la vida diaria, así como el cuidado personal, las relaciones sociales y la actividad económica según la edad, sexo y rol social” (Informe de Naciones Unidas sobre Rehabilitación de Minusválidos).
  • La misma ONU en el art. 1 del Convenio de Nueva York (2006) expone que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
  • La OMS define la incapacidad como “restricción o pérdida causada por defecto para llevar una actividad del modo o en la medida que se consideran normales en el ser humano”.

Desde el punto de vista laboral, una persona incapacitada para la actividad laboral es aquella, según la Organización Mundial del Trabajo, cuyas “probabilidades para lograr y conservar empleo adecuado están sustancialmente disminuidas como resultado de una alteración física o mental”, y la salud laboral es “la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos o mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo” (Convenio 159 OIT, de 22 de junio de 1981, sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas). Este Convenio, ratificado por España el dos de agosto de 1990, obliga a todos los Estados firmantes a considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad. Por tanto, la OIT promueve no sólo la obtención de un empleo adecuado para las personas con discapacidad, sino que defiende que la persona pueda progresar en el mismo y. así, conseguir su integración social.

Ahora bien, como dice Sandra Torrente Gari, los trastornos mentales presentan unas características singulares y en la valoración de los mismos ha de procederse de forma diferente respecto a otros campos de la enfermedad. Así:

  1. Son procesos generalmente crónicos en los que fundamentalmente existe una remisión en lugar de curación.
  2. La evolución puede ser intermitente con intervalos más o menos largos y diferentes estadios.
  3. Los grados de deterioro no están necesariamente relacionados con el diagnóstico psiquiátrico, teniendo incluso a veces poco valor; ya que a veces la tensión social o laboral condiciona de tal manera el desarrollo del trastorno que puede desaparecer y volver a una aparente normalidad cuando aquélla se elimina.
  4. Ha de tenerse en cuenta la influencia del tratamiento, puesto que en procesos como los trastornos afectivos responden bien al mismo modificando la valoración de la capacidad laboral.
  5. Hay disfunciones mentales o síntomas que son independientes de los procesos específicos, de forma que, por ejemplo, la hostilidad y la ansiedad se manifiestan con la misma frecuencia como la fiebre o el dolor.

Como es bien conocido, en el caso de las personas con problemas de salud mental, nos encontramos con una triple dificultad: la situación general del empleo en el Estado español, la discriminación laboral  propia de todas con discapacidad y, por último, el estigma propio que lastra a las personas con problemas de salud mental. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2016 la tasa de empleo de las personas con trastorno mental fue del 14,3%, 1,6 puntos menos que en 2015. Pese a que la tasa de empleo de las personas con discapacidad ha aumentado con respecto al año pasado (un 1,7% más) el colectivo de personas con trastorno mental es el único en el que este dato cae. A nivel global, la tasa de paro de las personas con discapacidad es del 28,6% (La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental es la más baja de toda la discapacidad – Blog) .

Por esto último es tan importante el esfuerzo que todas las organizaciones sociales están haciendo para que estas cifras cambien y la sociedad en general, y el empresariado en particular, descubran los beneficios de la contratación de personas con discapacidad y, en concreto, con problemas de salud mental.

El Estado ofrece diversos beneficios a la hora de contratar personas con discapacidad: bonificación de las cuotas a la Seguridad Social de hasta 6.300 €, subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo de más de 900 € (adaptación que, por otro lado, es obligatoria) y bonificación en el Impuesto de Sociedades de 6.000€ por cada persona con discapacidad nueva  que se contrate cada año.

Además de las ventajas meramente económicas existen otras de tipo organizativo como pone de manifiesto la Fundación ADECCO: Contratar personas con discapacidad: ventajas cuantitativas y cualitativas .

En definitiva,  la incorporación al mercado laboral de personas con problemas de salud mental es un reto de toda la sociedad, un desafío que debe dar respuesta al derecho de todas las personas a la dignidad a través de sentirse útiles a la sociedad.

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