EL DERECHO AL VOTO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDAD MODIFICADA

El pasado 6 de diciembre de 2018, el BOE publicó la reforma de la Ley Electoral que hacía desaparecer la prohibición de que las personas concapacidad modificada (antes incapacitados) pudieran ejercer su derecho al voto. Las reivindicaciones del movimiento asociativo y la necesidad de adaptar la legislación española en este aspecto a lo exigido por la Convención de Nueva York movió a la reforma de esta ley que privaba de este derecho fundamental a un buen número de personas.

El texto original excluía del derecho al sufragio a los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme y a los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento, siempre que la decisión judicial declarase expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. En realidad, y a fin de cuentas, tal como recogíamos en este mismo blog con motivo de las anteriores elecciones generales, se trataba en ese momento más de un problema de interpretación y de voluntad de los poderes públicos, que del propio texto legal. En efecto, si la decisión judicial no prohibía expresamente o no decía nada sobre el derecho al voto del incapacitado, había que hacer una interpretación favorable al ejercicio de este derecho fundamental, interpretación que fue apenas utilizada.

El texto de la reforma suprime esos párrafos sobre la carencia del derecho al voto para estas personas, para que no haya ninguna duda ni ninguna brecha abierta a la interpretación.

Además se garantiza el derecho al ejercicio del derecho a todas las personas “cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera”, por lo que se deberán realizar todas aquellas adaptaciones necesarias para que se pueda desarrollar “consciente, libre y voluntariamente”. Para ello se deberán realizar las citadas adaptaciones no sólo en las papeletas (como disponer de formato en Braille, como ya existen), sino que se deberá cuidar el entorno de los colegios electorales para que sean “amigables” y carezcan de elementos estresores y se provean de otros como los SAAC (Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación) o los pictogramas.

Por último, la reforma prevé la entrada en vigor inmediata y deja sin efectos de manera automática las limitaciones del derecho al sufragio que hubieran establecido las resoluciones judiciales anteriores. De ahí se deduce la obligación del INE de actualizar el censo electoral de oficio, incluyendo a todas las personas que hubieran visto su capacidad modificada.

Pero, una vez que está construido el andamio legal, queda saber cómo se aplicará en la práctica. Al parecer, el INE, por imposición de la ley, debe actualizar el censo electoral, como ya hemos dicho, debiendo enviar a cada persona su tarjeta censal, en la que figurarán sus datos personales y el colegio, sección y mesa dónde debe votar. En todo caso, sería conveniente dirigirse personalmente a las oficinas del INE para comprobar la inclusión en el censo o también puede hacerse a través de la Sede Electrónica del mismo. El plazo para efectuar las reclamaciones finaliza el próximo día 28 de febrero de 2019, para quienes tienen nacionalidad española. Posteriormente, se pueden efectuar reclamaciones durante el período de exposición pública del censo electoral en los ayuntamientos.

Para terminar, creo que se deben resaltar algunas de las dificultades que posiblemente aparezcan en este proceso. En primer lugar, el problema del empadronamiento: la tarjeta censal se envía al último domicilio en el que figura censada la persona, ¿qué ocurre con las personas que no han modificado su empadronamiento? ¿Qué ocurre con quienes residen en centros? Creo que autoridades municipales (en especial, las relacionadas con los Servicios Sociales) y asociaciones deben hacer un esfuerzo para ayudar a estas persona a actualizar su empadronamiento y su inclusión en el censo electoral. El segundo problema está en aquellas personas que están internadas por orden judicial, por lo se deberán proveer los medios físicos y humanos para conducirles al colegio electoral que les corresponda y allí poder ejercer su voto, todo ello previa información al juez que autorizó el internamiento. Si el centro no procediera a facilitar el ejercicio de este derecho, debe ser denunciado ante el juez que ordenó el internamiento y ante la Junta Electoral correspondiente.

Ni que decir tiene que nos encontramos en un momento histórico no sólo para las aproximadamente 100.000 personas que se han visto privadas de este derecho fundamental, sino para la propia democracia española.

“El voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser diferentes de otros hombres.”
LYNDON B. JOHNSON

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