ENFERMEDAD MENTAL, PRISIÓN E INTIMIDAD

Estos últimos días ha vuelto a la luz pública el caso de la doctora que, en abril de 2003, mató a tres personas e hirió a otras siete en la Fundación Jiménez Díez. Diversos medios de comunicación han dado cuenta de iba a ser puesta en libertad, que ya había salido en diversas ocasiones con permisos penitenciarios, que su familia había adquirido una casa en Alicante… todo ello adornado con fotos de la doctora en la actualidad, e incluso del domicilio de la familia. Os dejo algunos enlaces para que podáis valorar:

Todo esto me plantea una reflexión acerca de la intimidad de la doctora más como paciente que como persona que ha cumplido una medida proveniente de una sentencia judicial. Desde el segundo punto de vista quizá pudiéramos tener nuestras dudas sobre su derecho a la intimidad: es una persona que ha sido notoria (por un suceso muy grave) y como persona noticiable, los medios de comunicación pueden hablar de las circunstancias del caso y publicar imágenes. Sin embargo, en este caso, como en todos los de personas con enfermedad mental que han cometido un delito, nos encontramos con que no son delincuentes al uso. Antes bien al contrario, ni siquiera son delincuentes. Me explico.

Nuestro Código Penal exige que, para que una persona sea condenada por un delito, ésta sepa lo que ha hecho y lo haya hecho voluntariamente (conocimiento y voluntad). Una persona con EMG puede haber llevado a cabo una conducta penalmente reprobable (un robo, un homicidio…) pero no puede ser condenado porque, a causa de su enfermedad, o no sabe qué ha hecho o no lo ha hecho de forma voluntaria, o ambas cosas. Por ello se le absuelve del delito, pero debe cumplir una medida de seguridad (internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, tratamiento obligatorio…). Por tanto, una persona con EMG que ha cometido un delito no es un delincuente, es un paciente (por más que le pese al Ministerio del Interior, ya que se niega a que el sistema de salud penitenciaria se integre o, al menos, se coordine con el Sistema Nacional de Salud, pero esa es otra historia).

En consecuencia, si es un paciente le asisten los mismos derechos que al resto de los pacientes, derechos regulados en la  Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que establecen que “Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior”. Por todo ello, creo que se ha vulnerado este derecho de la doctora, publicándose cómo se encuentra en estos momentos, cómo ha evolucionado su estado de salud, si ha disfrutado o no de permisos (estos permisos son terapéuticos, por tanto, parte del tratamiento), cuándo va a terminar su internamiento y cómo es su aspecto físico en la actualidad (que yo recuerde, no se van publicando fotos de las personas diciendo “este tiene SIDA”, “esta es autista”).

Antonio J. Victoria Muñoz
Abogado

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