ESTABLECIENDO CLARAMENTE LOS LÍMITES

Es conocido,  entre otras cosas porque ya lo hemos comentado anteriormente en este blog, que la aplicación de los criterios Convención de Nueva York en los procesos que antes se llamaban de incapacitación, ha supuesto un giro revolucionario en esta materia, poniendo por delante de cualquier otra consideración la dignidad de  la persona y el respeto más escrupuloso a sus derechos.

Esta interpretación ha supuesto que lo que antes eran decisiones genéricas (si  una persona está diagnosticada con una enfermedad mental o con alzheimer o cualquier otra enfermedad o trastorno, automáticamente se decretaba que no podía hacer absolutamente nada y  se le nombraba un tutor que se ocuparía de hacer todo en lugar de esta persona); hoy en día se haga en cada caso “un traje a medida” para cada persona, estudiando bien su situación, sus necesidades y sus capacidades, para intentar encontrar la figura jurídica más adecuada para que esa persona pueda ejercer sus derechos con la mayor dignidad posible.

Todo esto viene a colación de una reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre este tema. La Sentencia es del 4 de abril de 2017 y, en ella, se revisa un caso proveniente de la Audiencia Provincial de Ávila. Se trataba de un procedimiento para determinación de la capacidad de una persona (antes procedimiento de incapacitación) que había sido diagnosticada “trastorno límite de la personalidad, rasgos de trastorno paranoide, rasgos impulsivos y antisociales, tiene especial relevancia cuando no se encuentra controlado y con tratamiento psiquiátrico continuado”. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial, con muy buen criterio, determinaron, conforme a la Convención de Nueva York, que lo procedente, para garantizar el más amplio disfrute de derechos de esta persona era nombrar un curador que se limitaría al apoyo “para actos de disposición o de administración de sus bienes cuyo importe supere los cuatrocientos euros (400.-€) mensuales y para las cuestiones relativas a la curación, seguimiento y tratamiento de su enfermedad”.

Sin embargo, el interesado no estaba conforme con esas sentencias y llevó su caso hasta el Tribunal  Supremo. Insistía, entre otras cosas, en que sus diagnósticos no le impedían gobernarse a sí mismo en la  materia económica, y que, por otro lado, en las sentencias anteriores, tampoco se había probado esa incapacidad y no se había argumentado ni acreditado la misma. En concreto, los argumentos eran los siguientes:

(i) Que la sentencia recurrida recoge que el demandado padece un trastorno límite de su personalidad, pero no examina de qué manera le afecta a su autogobierno.

(ii) Que no hay conducta que justifique la constitución de la curatela, sobre todo la limitación para la administración de sus ingresos, pues de los informes periciales no se deduce que el recurrente no sepa regir sus gastos.

El Tribunal parte de un planteamiento totalmente acorde con la Convención: la incapacitación, al igual que la minoría de edad, no cambia para nada la titularidad de los derechos fundamentales, aunque sí que determina su forma de ejercicio. De aquí, que deba evitarse una regulación abstracta y rígida de la situación jurídica del discapacitado… Una medida de protección como la incapacitación, independientemente del nombre con el que finalmente el legislador acuerde identificarla, solamente tiene justificación con relación a la protección de la persona”. El sistema de protección establecido en el Código Civil sigue por tanto vigente, aunque con la lectura que se propone: “1.° Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma de protección. 2.° La incapacitación no es una medida discriminatoria porque la situación merecedora de la protección tiene características específicas y propias. Estamos hablando de una persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no le permiten ejercer sus derechos como persona porque le impiden autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de protección de la familia, sino única y exclusivamente de la persona afectada.”

De ahí, entendiendo que por la documentación médica aportada demuestra la existencia de sus padecimientos, entiende que la curatela es apropiada. Sin embargo, y aquí radica la importancia de  esta sentencia, establece que no se ha probado que el recurrente sea incapaz de administrar su patrimonio. Los familiares sí lo manifestaron durante el procedimiento “pero se echa en falta los concretos actos llevados a cabo por el recurrente de los que se pueda inferir ese déficit de autogobierno y la necesidad de apoyo en su beneficio”. Y, en consecuencia, debe aplicarse la presunción de capacidad del demandado para administrar sus bienes.

Por tanto, lo que nos deja esta sentencia es que la presunción de capacidad debe anteponerse y debe demostrarse claramente que la persona no es capaz de realizar determinados actos para que se le pueda designar un apoyo para realizarlos. Es como el derecho a la presunción de inocencia en el ámbito penal: se tiene que probar más allá de cualquier duda razonable que una persona ha cometido un delito; si no se hace, se le debe declarar inocente.

Bienvenida  sea esta sentencia que ayuda a enraizar en nuestro ordenamiento jurídico los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

Antonio Victoria

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