HAY OTRAS FORMAS DE VELAR POR SUS DERECHOS: LA CURATELA

Hoy en día se concibe a la persona con discapacidad como sujeto de derechos, como persona con sus intereses y deseos que deben ser respetados, en la medida de lo posible, al máximo. Ahora se trata de completar la capacidad de las personas para que éstas puedan llevar a cabo todos los actos que sean acordes con su plan de vida, de intentar, por este medio, respetar su derecho a que lleven una vida plena, ayudándoles a realizar todos aquellos actos que, a causa de su enfermedad, la ley no les permite llevar a cabo por sí solos. Es decir, ahora se trata de que el enfermo pueda llevar a cabo la mayor cantidad de actos y que la intervención del tutor se lo más secundariamente posible.

Se deben acumulativamente producir unas circunstancias para que se pueda decretar la incapacitación (la modificación de la voluntad) de una persona: A. Una enfermedad de carácter temporal no puede dar lugar a la incapacitación de una persona, debe tratarse de un padecimiento para el que se prevea una larga duración temporal o su irreversibilidad. B. Enfermedad o deficiencia que afecten a la voluntad y al discernimiento de la persona C. Que sea incapaz de tomar las decisiones adecuadas para su vida y estado. Es decir, que realmente se proceda para modificar y completar la capacidad de aquellas personas que sí lo necesiten. La puede solicitar la propia persona interesada, el cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes o hermanos. El Fiscal actuará de oficio en el momento en que tuviera conocimiento de la existencia de una persona en esta situación, bien por iniciativa propia o denuncia de las personas anteriores.
El procedimiento comienza mediante la demanda de cualquiera de los interesados ante el Juzgado competente. Éste es el de la localidad en la que el presunto incapaz tenga su domicilio. Es necesario acompañar a la demanda todos los documentos que acrediten que la persona para la que se solicita la medida padece enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Además se hace imprescindible el informe del Médico Forense y que el juez examine por sí mismo a la persona (es decir, mantenga una entrevista personal con él). El Juez también llamará a los parientes más próximos sobre las causas de la incapacitación y sobre la persona más adecuada para asumir el cargo tutelar. Este cargo puede ser asumido por cualquiera de los familiares, por una entidad sin ánimo de lucro que tenga entre sus fines la asunción de estos cargos o la Generalitat Valenciana a través del Servicio de Tutelas, dependiente, en la Comunitat Valenciana, de la Consellería de Igualdad. Así, la figura más grave es la de la TUTELA, en la que al incapaz se le priva de cualquier capacidad de gobernarse a sí mismo y a su patrimonio. La voluntad del enfermo viene a ser sustituida por la del tutor. Como ejemplo se puede pensar en la patria potestad: el incapacitado pasa a ser a los ojos de la sociedad, como un menor de edad, no pudiendo realizar por sí mismo ningún acto, ya que siempre debe ser suscrito por el tutor. La CURATELA, sin embargo, es una figura más flexible, en la que el juez puede determinar exactamente qué actos van a quedar afectados por la modificación de la capacidad del enfermo. Así, puede determinar que no podrá administrar sus bienes, pero podrá recibir del curador recibir semanalmente una cantidad de dinero para sus gastos corrientes (tabaco, refrescos, comida, etc.); o puede, además, establecer la supervisión de la ingesta de la medicación, o cualquier otra circunstancia en la que haya que completar la capacidad del enfermo mediante la intervención del curador. Un tema muy interesante y debatido es el del derecho al voto de las personas cuya capacidad ha sido modificada. El derecho a voto es un derecho fundamental y un ciudadano solamente puede ser privado de él mediante sentencia firme (por ejemplo, una condena penal puede llevar aparejada la privación del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena). Por tanto, si la sentencia de incapacitación no dice expresamente nada al respecto, el ciudadano enfermo conserva plenamente su derecho al voto.

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