Igualdad deberá devolver parte del ‘tasazo’ a los discapacitados

Una sentencia acaba de desmontar la fórmula que calcula el llamado ‘tasazo’ que impuso, a los discapacitados y personas mayores de los centros de día y residencias, el Consell con el PP desde 2015 y que ha mantenido la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

La tasa imponía a las familias, que tuvieran a un miembro ingresado en un centro, el pago de un porcentaje del coste total del servicio en función de las rentas que el interesado poseía o percibía de forma directa o indirecta. Es decir, aunque el discapacitado no se beneficiara de los bienes que poseía o de pagos que recayeran en otros miembros de su familia debía pagar por ellos en el cálculo de la tasa.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia ha cambiado las reglas del juego respecto al ‘tasazo’ y exige que se recalcule la forma de cobrar a los discapacitados. La sentencia se ciñe a la citada tasa de 2015 y es firme, por tanto, a la Conselleria de Igualdad no le queda más remedio que dar cumplimiento a los dictados del juez y computar adecuadamente la capacidad económica –descontando el importe anual de la prestación por hijo a cargo– y recalcular la tasa de toda la anualidad de 2015, «devolviendo la diferencia con abono del interés legal desde que se interpuso el recurso de alzada», según aclaró la abogada del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CV), Mónica Aguado.

De forma ficticia

La letrada destacó también que con esta sentencia «se evidencia» que el Consell «incrementaba ficticia y erróneamente con esta prestación la capacidad económica de los usuarios de los servicios de centros de día, residencias y viviendas, y la tasa resultante devenía excesiva».

Aguado confirmó que la sentencia iniciada por la queja de un usuario de una residencia dependiente del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) establece que el incremento del tasazo «se ha convertido ya en ilegal». El juez advierte de que no se puede incluir en los criterios de cálculo para cobrar la tasa, la prestación que recibía el usuario por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como ayuda por protección familiar -hijo a cargo-. Una circunstancia que ocurría en el caso del ganador de la sentencia.

La abogada consideró que el fallo deja fuera otras reivindicaciones que también se incluyen en el cálculo de la tasa «como la renta computable por mínimo de discapacidad exento de IRPF. Pero la estimación ha sido parcial».

La petición de no computar el hijo a cargo como renta había sido una constante por parte del CERMI cuando criticó el copago de 2014 y 2015. De hecho, Igualdad sólo la incluyó para la tasa, en 2016 y 2017, en los casos en los que la persona era mayor de 18 años. De ahí que ahora el CERMI considere justo ahora que la Conselleria que dirige Mónica Oltra también pensara «recalcular de oficio la tasa 2015 para todos aquellos afectados que perciben la protección familiar», expuso Aguado.

En cualquier caso, el colectivo de la discapacidad considera un logro muy importante como cuando la vicepresidenta se comprometió a la devolución de oficio de las cantidades indebidamente minoradas de las prestaciones económicas del cuidador no profesional en el entorno familiar.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/03/10/58c1b71b46163f344a8b458d.html

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