LAS “EXCENTRICIDADES” DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y LAS COMUNIDADES DE VECINOS

Es bien sabido que las personas que padecen un trastorno mental (en un sentido amplio, desde las enfermedades digamos “tradicionales”, hasta otros trastornos que también requieren tratamiento por parte de especialistas en Psiquiatría, como TDAH o TEA) a veces tienen comportamiento poco convencionales, que pueden molestar, escandalizar e, incluso, asustar al resto de personas que no sufren esos trastornos, comportamientos que pueden ir desde una  “inadecuación” a las reglas de convivencia, por ejemplo sobre la vestimenta, hasta conductas en las que se puede ejercer violencia contra uno mismo o contra otros. Un ambiente donde esas conductas pueden ser poco comprendidas o malinterpretadas es en las comunidades de propietarios, en los edificios en los que viven solos, con sus familias o en un piso supervisado.

Acabo de contestar a una demanda interpuesta por la comunidad de propietarios de un edificio muy conocido de la ciudad de Alicante, contra un persona con enfermedad mental que vive allí, argumentando el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que dice:

“Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.

Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.

Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento”.

En definitiva, la comunidades de propietarios puede privar del uso de su vivienda a una persona que realice actividades molestas o peligrosas para el edificio o para las personas que allí vivan, llegando a poder privarle del derecho a usar su casa durante un plazo máximo de tres años. Así la comunidad a la que me he referido ha iniciado los trámites judiciales para llegar a desalojar a esta persona con enfermedad del apartamento en el que vive.

Podríamos hablar del estigma, de discriminación, de incomprensión, etc. Pero, desgraciadamente, no son argumentos que un juez pueda valorar para evitar el desahucio de esta persona, porque, como decían los romanos, dura lex, sed lex (“la ley es dura, pero es la ley) y si la ley lo autoriza, y hay pruebas suficientes, tendrá que decretar la privación del uso de la vivienda.

Sin embargo, podemos darle argumentos jurídicos que le hagan poder sopesar los derechos que están en juego y que van más allá de la seguridad de los demás propietarios o del uso de su vivienda por la persona. Son valores que están por encima de lo que una ley puede disponer, ya que nacen directamente de la Convención de Nueva York, y son derechos fundamentales, al mismo nivel que los de la Declaración Universal de Derechos Humanos o los de nuestra Constitución. Como dice el art. 3 de la Convención “Los principios de la presente Convención serán: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas…” Dignidad, autonomía, independencia, no discriminación, inclusión, respeto a la diferencia. Estos son los valores con los que se debe interpretar el resto de las normas jurídicas (y de las conductas ciudadanas).

Pero la Convención va más allá y garantiza el derecho a vivir en sociedad, en el lugar que hayan elegido y son los Poderes Públicos (incluido el Poder Judicial) quienes deben velar porque este derecho sea efectivo tal como lo expresa el art. 19 de la Convención: “los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que: a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico…” Igualmente los servicios socio-sanitarios dependen de otro Poder Público (el Ejecutivo, vía comunidad autónoma, vía Administración local) y son ellos quienes debería poner los medios, en forma de ayudas económicas, materiales y humanas, para que esta vida independiente y en la sociedad se pudiera ser realidad, sin que tuviéramos que encontranos con casos tan tristes e indignantes como el que he descrito.

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