“RATIFICAN QUE NO HABRÁ ELECTROSHOCK”

Hace unos días pude leer en Facebook la siguiente noticia “RATIFICAN QUE NO HABRÁ ELECTROSHOCK” Lo indicó el ministro de Salud Mario Fiad. Añadió que renunciaron directivos de Salud Mental y del hospital Sequeiros.” Leyendo la noticia descubrí que, en efecto, en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental de Argentina, se había desterrado el electroshock, a pesar de las reticencias de algunos Estados e instituciones sanitarias. El artículo se puede leer siguiendo este enlace.

Todo esto nos lleva a preguntarnos cuál es la situación en España y cómo quedan las terapias electroconvulsivas (TEC) a la luz de la Convención de Nueva York de derechos de las personas con discapacidad y de los demás textos internacionales.

Muchos profesionales de la Salud Mental consideran que la TEC es un tratamiento eficaz y sin efectos secundarios. Así, podemos leer, en el periódico ABC de 17 de febrero de 2010, las declaraciones de la Dra. M.ª Angustias Oliveras, responsable en ese momento del Área de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan de Alicante, afirmando que , sigue siendo, a pesar de que se inició en 1938, “una técnica moderna” y “con una suficiente base científica”, El servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Sant Joan de Alicante ha aplicado este tratamiento a un total de 60 pacientes desde 2005. Una vez dado de alta, el paciente debe seguir un tratamiento farmacológico de mantenimiento y un seguimiento. Algunos pacientes con patologías más graves requieren la terapia de electroshock a largo plazo, con una sesión al mes o cada quince días (http://www.abc.es/20100217/nacional-comunidad-valenciana-alicante/reivindican-electroshock-terapia-eficaz-201002171728.html )

Otro sector de profesionales no es partidarios de la TEC, existiendo una amplia corriente entre pacientes y profesionales que ni siquiera lo consideran como terapia, debido a la agresividad del método y de los efectos secundarios del mismo que, según los detractores, no son conocidos suficientemente ni son explicados a los pacientes.

Como explica Mª Jesús Germán Urdiola , Abogada de las Fundaciones Agustín Serrate y Rey Ardid (http://fadesaludmental.es/opinion/62-electroshock-el-debate-continua.html)  a lo largo de los años 90, dado que este tipo de tratamientos afecta a derechos fundamentes de la persona, se promulgaron diferentes textos legales destinados a garantizar el adecuado uso de la terapia, entre los que cabe destacar:

  • Recomendación de la Asamblea Parlamentaria 1235 (1994) exige para este tratamiento las mismas reglas de aplicación que para la psicocirugía.
  • El Code of Practice de 1999, en aplicación del artículo 58 Mental Health Act de 1983, establece que debe buscarse el consentimiento del paciente. Si El paciente accede voluntariamente a su aplicación debe suministrárseles un folleto que les ayude a comprender y recordar, durante y después de la aplicación de la terapia electroconvulsiva, la información sobre su naturaleza, propósitos y efectos probables.
  • El White Paper (2000), en su art. 7,2 indica que la TEC ha demostrado su efectividad en algunos casos, como la enfermedad depresiva. Según el citado documento, el uso de esta terapia debe ser únicamente administrada en circunstancias en las que la dignidad del paciente sea siempre respetada y puede aplicarse en depresiones severas con carácter de urgencia en ausencia, o raramente contra la voluntad del paciente, en casos de especial severidad de la enfermedad y a falta de otras alternativas efectivas.

Y respecto a todo esto, ¿qué dicen Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud?

Si partimos de la base del Convenio de Nueva York de derechos de las personas con discapacidad (y de la interpretación que del mismo hace la OMS en sus estánderes de calidad) prima, ante todo, la dignidad de las persona con discapacidad, por lo que ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento. Además Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás. Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado.

 Con anterioridad a la propia Convención de Nueva York, la Asamblea General de la ONU aprobó, en su resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991, Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, en los que se vuelve a insistir en la dignidad inherente a toda persona y, en especial, a las personas con EMG. Establece esos principios rectores en los diversos ámbitos de la vida de las personas con EMG y, en concreto, en lo que hoy tratamos podemos destacar:

  • Se protegerá a todo paciente de cualesquiera daños, incluida la administración injustificada de medicamentos, los malos tratos por parte de otros pacientes, del personal o de otras personas u otros actos que causen ansiedad mental o molestias físicas
  • Todo paciente tendrá derecho a ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador posible que corresponda a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros. El tratamiento y los cuidados de cada paciente se basarán en un plan prescrito individualmente, examinado con el paciente, revisado periódicamente, modificado llegado el caso y aplicado por personal profesional calificado
  • No se administrará ningún tratamiento a un paciente sin su consentimiento informado. Por consentimiento informado se entiende el consentimiento obtenido libremente sin amenazas ni persuasión indebida, después de proporcionar al paciente información adecuada y comprensible, en una forma y en un lenguaje que éste entienda, acerca de: a) El diagnóstico y su evaluación; b) El propósito, el método, la duración probable y los beneficios que se espera obtener del tratamiento propuesto; c) Las demás modalidades posibles de tratamiento, incluidas las menos alteradoras posibles; d) Los dolores o incomodidades posibles y los riesgos y secuelas del tratamiento propuesto. El paciente podrá solicitar que durante el procedimiento seguido para que dé su consentimiento estén presentes una o más personas de su elección. El paciente tiene derecho a negarse a recibir tratamiento o a interrumpirlo
  • Cuando el paciente no pueda prestar su consentimiento para el tratamiento, una autoridad independiente, debidamente informada de todas las circunstancias, deberá prestar dicho consentimiento

Por otro lado, el Consejo de Europa ha venido realizando diversas recomendaciones sobre salud mental y derechos humanos (1977, 1983, 1994, 2004 y 2009) y ha publicado en el año 2000 un  Libro Blanco sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas que padecen un trastorno mental, especialmente ingresadas de forma involuntaria en un centro psiquiátrico. En todos estos textos se insiste en los principios básicos que ya hemos descrito más arriba.

En definitiva, ¿qué conclusiones podemos sacar para la práctica diaria de todo lo anterior?

  1. El TEC es un tratamiento que, a pesar de la polémica que genera, se viene aplicando en España de forma habitual.
  2. Eso no quiere decir que dicho tratamiento pueda aplicarse sin cumplir una serie de requisitos legales estrictos debido a lo delicado de su funcionamiento.
  3. El TEC debe ser aceptado por el paciente, tras una información completa sobre el mismo, información que debe incluir los beneficios que le puede proporcionar el tratamiento, el método, la duración, otras terapias menos alteradoras, los dolores, incomodidades, secuelas y riesgos del tratamiento.
  4. El paciente puede estar acompañado por personas de su confianza durante el proceso de información para la obtención del consentimiento para el tratamiento.
  5. El paciente puede negarse a recibir el tratamiento o suspenderlo cuando lo desee.
  6. Cuando el paciente no pueda prestar su consentimiento para la TEC, o cuando no lo quiera prestar y el equipo médico considere necesario su aplicación para el beneficio del paciente, será un juez quien deba decidir sobre la aplicación del mismo.

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