TODOS SOMOS IGUALES (PERO UNOS MÁS IGUALES QUE OTROS)

Como ya denunciamos cuando se acercaban las últimas elecciones generales, muchas personas cuya capacidad fue sido modificada por una resolución judicial (lo que antes se llamaba “incapacitación”) se encontraban privadas de su derecho al voto. Personas con demenencias, síndrome de Down, con diagnóstico de TMG, etc, se veían privadas de su derecho fundamental, bien por un celo excesivo del juez que dictó la resolución, bien por desconocimiento, bien por falta de diligencia.

            CERMI, esta Federación y otras muchas entidades levantaron sus voces contra esta violación de derechos fundamentales. Y nosotros expusimos la forma en la que, gran parte de estas personas con su capacidad modificada, podían reclamar para ejercer el derecho a elegir a sus representantes.

            Tras todo este tiempo de lucha, por fin, el pasado día 7 de noviembre, el Congreso aprobó  la toma en consideración de la Proposición de Ley de la Comunidad de Madrid para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral, por unanimidad. (lo cual, en estos tiempos que corren, es de agradecer). Se trata de reformar los dos puntos del artículo 3 que establecen que no tienen derecho a sufragio activo (es decir, a votar)  los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio y los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento, siempre que en la autorización el Juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. Establece también este mismo artículo que el Juez que declare la incapacidad deberá pronunciarse expresamente sobre el derecho al voto.

            Hasta ahora era raro el caso en el que Juez se pronunciaba expresamente sobre el derecho de sufragio de la persona que iba a incapacitar, lo que permitía un resquicio para colarse y poder exigir el cumplimiento práctico de este derecho fundamental.

            Toda esta situación me lleva a plantear varias reflexiones:

  • La poca sensibilidad que, hasta la fecha, ha tenido el Poder Judicial (y el resto de los operadores jurídicos, en general) respecto a las personas con discapacidad, ya que se han venido limitando a declarar genéricamente la incapacitación total de la persona, nombrando un tutor que le sustituye en todos los actos que debía realizar, y no han tenido la valentía de mirar a la cara a la persona que tenían delante y ajustar semejante medida a la realidad del justiciable, intentando complementar los aspectos en los que la persona tenía dificultades con la figura del curador. Esta actitud del Jueces y Magistrados suponía la muerte civil del “incapacitado”, ya que no podía realizar ningún acto sin la firma de su tutor.
  • Es especialmente grave que Jueces y Magistrados (y muchas veces, las Fiscalías, encargadas de la defensa de los derechos de los más débiles, personas con discapacidad, menores…) tampoco se tomaran la molestia de estudiar si las condiciones de la persona le permitía ejercer su derecho a voto, que, a fin de cuentas es un derecho fundamental, no es como firmar un contrato de telefonía o abrir una cuenta bancaria. Las resoluciones judiciales nada decían, con lo que el INE y las Juntas Electorales interpretaban que si no dice nada, no podía votar. Justo la interpretación contraria a la que la protección de un derecho y el sentido común exigían: si la resolución judicial no dice nada, es más favorable al derecho fundamental entender que permite su ejercicio.
  • El lenguaje que utiliza la Ley Electoral es claramente anticuado: utiliza el término incapacitado. A la luz de la Convención de Nueva York, el resto de la legislación (y de las Fiscalías y muchos Jueces) han adaptado el concepto de modificación de la capacidad o complemento de la capacidad. Ya no se priva a la persona con discapacidad de cualquier posibilidad de hacer, sino que se estudia el caso concreto y se establecen las medidas necesarias para que esta persona pueda ejercer todos sus derechos, con la colaboración de otra persona.
  • Ahora debemos exigir a nuestros representantes en el Congreso que procedan con diligencia y agilidad en la tramitación de esta iniciativa legislativa, que no se pierdan en los vericuetos de la negociación o en las conveniencias de cada partido. Se trata de un grupo de personas, de conciudadanos y conciudadanas que están privadas del derecho más importante en una democracia: el voto.
Antonio J. Victoria Muñoz
Abogado

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