TORTURAS Y OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES EN SALUD MENTAL

Noticias como la que se cuenta en el enlace se vienen repitiendo desgraciadamente con demasiada frecuencia: personas con discapacidad, personas con autismo y otros trastornos neurológicos y del desarrollo, y, sobre todo, personas con problemas de salud mental, sufren tratos vejatorios y violencia de algún tipo que llegan a ser punibles por la vía penal.   Noticias como la que se cuenta en el enlace se vienen repitiendo desgraciadamente con demasiada frecuencia: personas con discapacidad, personas con autismo y otros trastornos neurológicos y del desarrollo, y, sobre todo, personas con problemas de salud mental, sufren tratos vejatorios y violencia de algún tipo que llegan a ser punibles por la vía penal.

https://www.diarioinformacion.com/sucesos/2018/06/24/juzgan-celador-hospital-elda-vejar/2035906.html

El caso de la noticia ha acabado en los tribunales de justicia afortunadamente. Sin embargo, no todos acaban así, la mayoría de las veces por dos motivos: por el miedo de las familias o de las propias personas con problemas de salud mental ante el aparato de poder que supone el sistema actual y las  posibles consecuencias que pueden imaginar que pueda tener para el/la usuario/a; y/o porque hasta ahora se ha entendido que cierto grado de violencia sobre los pacientes está justificada.

No hablaremos esta vez del problema de las contenciones mecánicas, al que ya le hemos dedicado varias entradas, sino al concepto mismo de violencia y cuándo ésta se transforma en tortura o en tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas formas de violencia son las que afectan a la dignidad de la persona y, en consecuencia, a su integridad, y no necesariamente deben consistir en violencia física: la violencia psicológica, la humillación verbal o física, la privación de determinados derechos o servicios básicos, etc.

La comunidad internacional se ha dotado de diversas normas para la prevención, la persecución y la represión de estos malos tratos. La más importante es la CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (en adelante, CAT), aprobada el 10 de diciembre de 1984 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es tal la importancia de estas normas que “El derecho a no ser sometido a torturas constituye una norma jus cogens, es decir, una norma imperativa del derecho internacional respecto de la cual ningún Estado puede sustraerse, por ejemplo, haciendo una reserva al momento de obligarse por un tratado de derechos humanos” (Claudio Nash Rojas, Alcance del concepto de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes).

Hay que dejar claro que el concepto de tortura queda muy claro en la Convención. No ocurre lo mismo con el resto de  conceptos. La Corte Europea de Derechos Humanos dice que “La noción de tratamiento inhumano cubre por lo menos un tratamiento tal que causa deliberadamente severo sufrimiento, mental o físico, que, en una situación particular, es injustificado. La palabra “tortura” se usa a menudo para describir el tratamiento inhumano que tiene un propósito, como el de obtener información o confesión, o de infligir un castigo, y es generalmente una forma agravada de tratamiento inhumano. El tratamiento o castigo de un individuo se describe como degradante si lo humilla de manera grave delante de terceros o lo lleva a actuar contra su voluntad o su conciencia”y que un trato degradante era aquel capaz de “crear en las víctimas sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, envilecerles y de quebrantar en su caso su resistencia física o moral”.

A la vista de lo anterior, creo que se puede deducir fácilmente cómo se pueden calificar hechos como los que relata la noticia del comienzo. Sin embargo, hay ocasiones en las que el tratamiento cruel, inhumano o degradante no resulta tan evidente. Para ello, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado Instrumento de Calidad y Derechos de la OMS. Evaluando y mejorando la calidad y los derechos humanos en los establecimientos de salud mental y de apoyo social, en el que se recogen criterios de evaluación para, entre otras, este tipo de situaciones.
En cualquier caso, el Estado español, a pesar de haber alcanzado un nivel razonable en la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental, aún está lejos de alcanzar los estándares exigidos por la ONU y la OMS. Prueba de ello son los documentos cuyos enlaces siguen:

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2017/05/guia_contenciones_mecanicas.pdf En este informe, el Defensor del Pueblo, como responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del CAT, pone de manifiesto la deficiente situación del Estado en materia de contenciones mecánicas en los establecimientos penitenciarios.

https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-relator-onu-derecho-salud-fisica-mental-32967/ En este informe del Relator Especial de Naciones Unidas, se ponen de manifiesto las importantes carencias del sistema español de salud mental, en especial en lo referido al respeto a los derechos de los/las usuarios/as, destacando los problemas referidos a la utilización de la fuerza y la coacción.

En definitiva, es necesario un compromiso por parte de todos (Administraciones, entidades de self advocacy, entidades de defensa de los derechos de los pacientes, usuarios/as y de la sociedad en general) para sacar a la luz estas situaciones que se encuentran en los rincones más oscuros de la sociedad y en la que, muchas veces, no se desea mirar, para conseguir una sociedad en la que sea realidad el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas.

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