Una persona, ¿un voto?

El derecho a voto de las personas «incapacitadas»

El próximo día 26 de junio, como todos sabemos, se celebran elecciones generales. Al hilo de esta convocatoria, el CERMI ha liderado una campaña para la reivindicación del derecho al voto de las personas incapacitadas judicialmente, campaña que ha tenido sus actos culminantes en la escenificación del voto de estas personas en diversos lugares públicos de España.

En opinión de quien esto escribe, ese tipo de campañas son muy necesarias, y hay que recordarles a las organizaciones políticas que los incapacitados también existen y que, aunque fuera por el mero interés de cosechar votos en estos campos, deberían recordarlos una vez en el poder y proceder a realizar las correspondientes modificaciones legales que les permitieran, sin tener que llegar a realizar interpretaciones, ejercitar uno de los derechos básicos en una democracia. Ahora bien, desde el punto de vista de la eficacia en el ejercicio de ese derecho, mi criterio hubiera sido proceder también, en su momento, a presentar las correspondientes reclamaciones individuales al censo electoral, para que pudieran estar resueltas antes del día 26 de junio y todos supiéramos si las personas incapacitadas podrán o no votar, es decir, conocer cuál es el verdadero criterio del Estado español ante la reclamación de este derecho. En este momento, sólo queda que el domingo las personas incapacitadas se acerquen a la mesa electoral o a la Junta Electoral de Zona y presenten la correspondiente reclamación por la privación de su derecho al voto.

Pero, ¿cuáles son los argumentos? ¿Pueden realmente ejercer el voto aquellas personas que han visto modificada su capacidad por un juez? Por desgracia, la respuesta es parcial, según y cómo, si el juez que decretó la modificación de la capacidad recogió expresamente la prohibición del ejercicio del derecho al voto.

La Constitución española reconoce el derecho al voto de todos los mayores de 18 años y el art. 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que únicamente no podrán ejercer ese derecho quienes hayan sido condenados por sentencia (en este caso, penal) a la suspensión de voto, quienes están internados en un hospital psiquiátrico mientras estén en dicho centro; y los declarados incapaces a través de una sentencia judicial firme. A parte del lenguaje desfasado (ya no se habla de incapaces, sino de personas cuya capacidad ha sido modificada), la LOREG es de 1985, no se han recogido ni los principios ni los derechos expresos que la Convención de Nueva York sobre derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en 2008 reconoce al colectivo.

(Una nota importante: según la propia Constitución, los tratados internacionales se encuentran, en una imaginaria pirámide legislativa, a un nivel por debajo de ésta pero por encima de las leyes internas).

La Convención tiene como finalidad  promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Los Estados reconocen la personalidad jurídica de las personas con discapacidad y deberán adoptar todas las salvaguardas para que no se produzcan abusos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. El art. 29 habla de la participación en la  vida política y  pública. Como es muy claro, me permito transcribirlo:

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;

(…)

En consecuencia, el derecho a voto queda claramente reconocido hasta tal punto que se debe permitir la colaboración de una persona que les ayude al ejercicio del voto.

¿Por qué se limita este derecho a los “incapacitados”? ¿Se considera que no tienen criterio o que no saben distinguir “el bien del mal”? Y una persona ordinaria que voto porque este candidato es más guapo que el otro, ¿conoce realmente las opciones políticas y tiene criterio para distinguir una opción de otra? Pues como las incapacitaciones judiciales hasta la fecha han sido en su mayoría, incapacitaciones totales, se ha considerado que la persona estaba total y absolutamente incapacitada para decidir sobre cualquier aspecto de su vida (los criterios que se están imponiendo en la actualidad, aplicando la Convención, son que solamente se debe “incapacitar” en los aspectos en los que la persona necesite un apoyo para completar esa capacidad que, parcialmente, está afectada). Y eso incluye, el derecho al voto.

Llevando al terreno que nos ocupa estos nuevos criterios de la Convención de Nueva York (la incapacitación ahora es ofrecer apoyos en los aspectos en los que la persona, por su discapacidad o por su enfermedad, necesita tener ese apoyo para ejercer sus derechos) es evidente que la reforma legal se impone. Pero hasta entones, ¿qué?

Entiendo que se puede intentar conseguir que una buena parte de las personas “incapacitas” puedan votar el próximo día 16. Dependerá de lo que la sentencia de incapacitación diga. Si expresamente no incapacita para ejercer el derecho al sufragio, se puede solicitar la inclusión en el censo y, por tanto, se podrá introducir la papeleta en la urna. Si la sentencia priva expresamente de este derecho, habrá que solicitar la revisión de esta sentencia, con lo que el día 26 no se podrá ejercer este derecho.

El argumento para que se reconozca el derecho ante las juntas Electorales se deduce fácilmente de lo expuesto: si la Convención de nueva York, que está jerárquicamente por encima de la Ley Electoral, del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece los criterios, por un lado, de reducir el ámbito de la incapacitación al mínimo necesario y, por otro, de extender al máximo el ejercicio de los derechos, si el juez que dictó la sentencia de modificación de la capacidad de una persona no recogió expresamente la privación del derecho al voto, la persona está facultada para poder ejercer su derecho al sufragio.

NOTA: Puedes descargar aquí un Modelo de reclamación a la Junta Electoral para poder ejercer este derecho el próximo día 26 de junio

Antonio José Victoria Muñoz
Asesor Jurídico de la Federació Salut Mental CV

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